2026.06.30 - 10:00

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 El acuerdo marco firmado en Washington entre Líbano e Israel el 26 de junio continúa generando un intenso debate político y jurídico en Líbano, en medio de crecientes advertencias sobre sus repercusiones en la soberanía libanesa, los derechos legales y la gestión de la ocupación israelí. Israel, por su parte, afirma que mantendrá su presencia en la zona de seguridad del sur del Líbano hasta el desarme de Hizbulá.

Las tensiones políticas se han visto acompañadas por posiciones de rechazo, entre ellas la del presidente del Parlamento, Nabih Berri, quien calificó el acuerdo como una “fitna” (discordia), además de críticas jurídicas que sostienen que algunas cláusulas podrían otorgar a Israel beneficios políticos y de seguridad sin garantías claras de una retirada total del territorio libanés.

Expertos jurídicos consideran que el acuerdo consolida una realidad de ocupación en partes del sur del Líbano, al proporcionar cobertura a la presencia militar israelí, mientras que Israel insiste en que no se retirará de la zona de seguridad hasta el desarme de Hizbulá, lo que plantea interrogantes sobre su compatibilidad con el principio de soberanía plena del Estado libanés.

También señalan que la continuación de demoliciones de aldeas fronterizas, la nivelación de terrenos y la restricción del retorno de la población refuerzan la percepción de que el acuerdo aún no ha tenido efectos reales sobre el terreno, ya que las violaciones israelíes habrían continuado tras su firma.

Según los expertos, el acuerdo incluye además concesiones jurídicas relacionadas con la capacidad de Líbano para llevar las violaciones israelíes ante tribunales internacionales, así como la vinculación de algunos asuntos soberanos con arreglos de seguridad cuyos detalles no han sido revelados.

El artículo 13 es considerado uno de los más polémicos, ya que establece el compromiso de ambas partes de cesar acciones hostiles en foros políticos y legales internacionales, además de cooperar en la búsqueda de restos y la liberación de detenidos.

Juristas advierten que esta disposición podría limitar la capacidad de Líbano para seguir procesos judiciales contra Israel y afectar los derechos de las víctimas ante instancias internacionales, además de integrar el tema de los prisioneros en un marco de negociación más amplio en lugar de tratarlo como un asunto jurídico independiente.

En contraste, especialistas en derecho constitucional afirman que el acuerdo aún no tiene validez legal en Líbano, ya que no ha completado los procedimientos constitucionales necesarios para su entrada en vigor.

Recuerdan que el artículo 52 de la Constitución libanesa exige la aprobación del Consejo de Ministros para los acuerdos internacionales, lo cual aún no ha ocurrido, ya que el gobierno se ha limitado a tomar conocimiento del mandato otorgado a la delegación que participó en las negociaciones.

Por lo tanto, cualquier acuerdo final dependerá de una decisión del Consejo de Ministros, mientras persiste el debate sobre si algunas de sus cláusulas también deben ser sometidas al Parlamento, especialmente si modifican la relación jurídica entre Líbano e Israel o crean obligaciones permanentes.

Los juristas recuerdan además que Líbano sigue, según su marco legal actual, en estado de conflicto con Israel, y que la legislación nacional regula estrictamente esta situación, lo que hace que cualquier cambio en la relación jurídica sea altamente sensible.

Subrayan que el poder ejecutivo, aunque tiene competencias en política exterior, debe respetar los procedimientos constitucionales, especialmente en acuerdos que afectan la soberanía o generan efectos internos.

La ausencia del texto completo del acuerdo y de su anexo de seguridad incrementa la incertidumbre sobre los mecanismos de implementación, las zonas piloto, el calendario de retirada israelí y los sistemas de verificación.

Los expertos piden la publicación de todos los documentos relacionados con el acuerdo, incluidos los anexos de seguridad, para permitir su revisión por las instituciones constitucionales y la opinión pública, considerando que la transparencia es un elemento esencial de la legitimidad de cualquier acuerdo internacional.

El acuerdo marco sigue siendo objeto de división en Líbano entre quienes lo consideran una oportunidad de estabilización y apertura política, y quienes creen que implica concesiones que afectan la soberanía y los derechos legales, mientras su entrada en vigor depende de la finalización de los procedimientos constitucionales y de la resolución del debate político y jurídico en curso.

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